Según
los manuales de economía forman parte de la población económicamente activa las
personas que trabajan y por tanto ni los menores de edad, ni los ancianos.
Dentro de esa categoría de personas que el Estado debe proteger en sus derechos
fundamentales se encuentran también las personas jubiladas y sus
sobrevivientes: viudas e hijos. Que bueno que se haya encontrado a una
categoría de 24 personas que no debería haberse acogido a la Ley 20530, sin
embargo un estado democrático como el estado peruano no debería tratar de
subsanar un error legal de hace casi dos décadas, vulnerando los
derechos fundamentales de un grupo de ciudadanos indefensos como lo son
las viudas. Estas son personas de edad avanzada o hijos que no se encuentran en
la capacidad de trabajar.
Este revisionismo
legalista apunta a castigar a justos por pecadores. Que bueno que se intente
subsanar y corregir errores, siempre y cuando no olvidemos que el fin último de
las leyes no es la ley en sí misma, si no la persona humana. También nuestra
Constitución política tiene como fin supremo a la persona. Es bueno que
las normas se revisen y mejoren en el tiempo y es bueno que se castigue a
quienes intentan manipular las leyes, sin embargo castigar a
las viudas reduciéndoles lo que para ellas es un derecho adquirido, el
pago de sus obligaciones mensuales es injusto y
abusivo. Es curioso que este revisionismo legalista no se haya
llevado a cabo inmediatamente y solo se discuta y se haga en momentos
preliminares a las elecciones. ¿En qué país democrático del mundo se modifica o
siquiera se toca la pensión de una persona viuda una vez que la administración
ya ha comenzado a distribuirle sus beneficios mensuales o peor aun, después que
la persona de edad avanzada, con dificultades para movilizarse o mudarse ya
adquirió gastos y responsabilidades fijas? En sociedades realmente
democráticas, esto sería un escandalo y seguramente la opinión publica no lo
permitiría, sin embargo en el Perú ésta es la segunda o tercera vez
que a las viudas de los congresistas acogidas a la Ley 20530, el
Estado les reduce su pensión de sobrevivientes. Estos cambios repentinos
acaecidos durante el segundo gobierno de Alan García en el Perú (2006-2011) y
no corregidos hasta el momento, han resultado en una reducción de más del 50%
en relación a la pensión que recibía este grupo de personas hasta julio de 2004.
Asombroso pero cierto, teniendo en cuenta que gracias a otra ley abusiva, las
pensiones de las viudas en sí solo equivalen al 50% de lo que el ex-congresista
recibía como pensión de jubilado estando vivo. Esto tomando en
consideración que no corren la misma
mala suerte las viudas de los funcionarios de altos cargos en el Ejército.
¿A
quienes busca impresionar el revisionismo de este Decreto ley?. ¿A quienes
protegen nuestros legisladores si son capaces de desproteger al
indefenso, vulnerarlo en sus derechos fundamentales, quitarle el pan de la
boca, la posibilidad de solventar de manera digna su salud y su
vejez, so pretexto de un error administrativo o político
que jamás estuvo bajo el control de los ahora afectados?
Podríamos
hablar de abuso de poder en contra del indefenso, de discriminación y de falta
de respeto a los derechos humanos. Lo cierto es que hay un centenar de
jubilados y viudas de jubilados del Congreso de la República los cuales no
pueden seguir solventando un juicio injusto que ya lleva más de nueve años de
proceso en los pasillos de Palacio. La pregunta que nos hacemos ahora es si
Dios hará o no sentir su voz a través del nuevo Defensor del pueblo.
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