martes, 3 de enero de 2017

¿EXISTE REFORMA UNIVERSITARIA SIN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y ESTABILIDAD LABORAL DEL DOCENTE CONTRATADO?

Escribe: Rocio Valencia HDLT

Hay alboroto en la comunidad universitaria y gran expectativa entre los docentes debido a la interpelación al Ministro Saavedra esta semana en el Congreso. La denominada “reforma universitaria” no puede iniciarse sin antes revisar y mejorar el régimen laboral así como el nivel remunerativo de los docentes asociados, auxiliares y ordinarios de las universidades públicas y privadas. Y muy especialmente el de los docentes contratados a tiempo parcial, ya que estos últimos representan el 75% y el 90% de todo el personal docente en las 142 universidades existentes actualmente a nivel nacional. Razón por la cual normar en favor de ellos un nuevo régimen laboral de promoción y nombramiento, así como nuevas escalas remunerativas resulta una cuestión fundamental de calidad educativa que tendrá que resolver este nuevo gobierno a través del ministro actual o del siguiente.

Desde el mes de junio ha habido en el centro y sur del país, marchas de docentes reclamando una mejora salarial y que "las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologuen con las correspondientes a las de los magistrados judiciales". Este requisito fue establecido en la antigua ley y recogido en el Artículo 96 de la presente Ley universitaria, Nº30220.
Mientras tanto la gran mayoría de los profesores universitarios ordinarios no cuentan con ingresos suficientes para poder afrontar eventos graves como un accidente que los incapacite permanentemente o una enfermedad terminal. Ganan 1,200 soles mensuales en caso de ser profesores ordinarios. Pero esta es la realidad de la mayoría de los docentes universitarios a nivel nacional y en las universidades estatales. Solo un pequeño grupo de profesores accede gracias a sus títulos universitarios y años de experiencia a los siguientes nombramientos dentro de la escala establecida por la Ley universitaria. Así tenemos que los profesores auxiliares reciben 2008 soles mensuales; los profesores asociados 3008 soles; y los profesores principales 6707 soles. Todo esto mientras los magistrados del Poder Judicial, perciben el triple de dichas sumas gracias a las bonificaciones jurisdiccionales y a los gastos operativos por función judicial que el Estado incluye dentro de sus remuneraciones mensuales.

Si bien la norma establece que  en “toda institución universitaria sin importar su condición de privada o pública, por lo menos el 25% de sus docentes deben ser a tiempo completo”, hay un vacío legal ya que no se establece claramente cuales son los derechos del profesor ordinario y contratado, ni la máxima duración de sus contratos temporales, ni tampoco se obliga a las universidades a invertir en su educación y formación permanente: dos elementos que les permitirían acceder a una promoción inmediata en la escala remunerativa y a un eventual nombramiento para salir de la inestabilidad dentro de la cual la mayoría sobreviven. Este vacío en la norma consiste en que si bien ahora se exige el grado de Maestro o Magister para todo profesor universitario y el grado de Doctor para ser profesor principal, no se establece un sistema de becas, ni ninguna clase de financiamiento público o de fondos privados para el docente con calidad de ordinario que ya se encuentra trabajando dentro de la comunidad universitaria y que representa a la mayoría.

Nada de esto tiene sentido cuando pensamos que el docente contratado, empleado temporal, casi sin ningún derecho social, sin derecho a vacaciones pagadas, sin derecho a tiempo de enfermedad, salvo con el derecho a utilizar el Seguro Social universal, está llevando sobre sus hombros, la responsabilidad de brindarle una educación superior de calidad al la gran mayoría del estudiantado nacional, entre los 17 y 22 años de edad. Que ha pasado al menos ocho años de si vida preparándose y estudiando hasta alcanzar el grado de Maestro o Magister. Que gracias a lo económico de su trabajo, el Estado y las universidades privadas han podido atender las necesidades de las masas sin aumentar las pensiones en los últimos veinte y cinco años.

Y sin embargo los congresistas de todas las bancadas callan. Actualmente existen algunos proyectos presentados en la Comisión de Presupuesto del Congreso y en SUNEDU por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) y por otras entidades. Estas propuestas están dirigidas a mejorar el nivel remunerativo de aquellos profesores privilegiados que al menos gozan de uno de los nombramientos existentes. No existe sin embargo ningún proyecto de ley para solucionar el problema masivo y humanitario de los profesores contratados a nivel nacional. Llama la atención que un hecho tan importante para el futuro de nuestra Patria y de nuestros jóvenes, no haya sido ni tan siquiera mencionado en la larga lista de logros políticos del ahora interpelado Ministro de Educación, Jaime Saavedra.



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