Escribe: Rocio Valencia HDLT
Hay alboroto en la comunidad
universitaria y gran expectativa entre los docentes debido a la interpelación
al Ministro Saavedra esta semana en el Congreso. La denominada “reforma
universitaria” no puede iniciarse sin antes revisar y mejorar el régimen
laboral así como el nivel remunerativo de los docentes asociados, auxiliares y
ordinarios de las universidades públicas y privadas. Y muy especialmente el de
los docentes contratados a tiempo parcial, ya que estos últimos representan el
75% y el 90% de todo el personal docente en las 142 universidades existentes
actualmente a nivel nacional. Razón por la cual normar en favor de ellos un
nuevo régimen laboral de promoción y nombramiento, así como nuevas escalas
remunerativas resulta una cuestión fundamental de calidad educativa que tendrá
que resolver este nuevo gobierno a través del ministro actual o del siguiente.
Desde el mes de junio ha habido
en el centro y sur del país, marchas de docentes reclamando una mejora salarial
y que "las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se
homologuen con las correspondientes a las de los magistrados judiciales".
Este requisito fue establecido en la antigua ley y recogido en el Artículo 96
de la presente Ley universitaria, Nº30220.
Mientras tanto la gran mayoría de
los profesores universitarios ordinarios no cuentan con ingresos suficientes
para poder afrontar eventos graves como un accidente que los incapacite
permanentemente o una enfermedad terminal. Ganan 1,200 soles mensuales en caso
de ser profesores ordinarios. Pero esta es la realidad de la mayoría de los docentes
universitarios a nivel nacional y en las universidades estatales. Solo un
pequeño grupo de profesores accede gracias a sus títulos universitarios y años
de experiencia a los siguientes nombramientos dentro de la escala establecida
por la Ley universitaria. Así tenemos que los profesores auxiliares reciben 2008
soles mensuales; los profesores asociados 3008 soles; y los profesores
principales 6707 soles. Todo esto mientras los magistrados del Poder Judicial,
perciben el triple de dichas sumas gracias a las bonificaciones
jurisdiccionales y a los gastos operativos por función judicial que el Estado
incluye dentro de sus remuneraciones mensuales.
Si bien la norma establece
que en “toda institución universitaria
sin importar su condición de privada o pública, por lo menos el 25% de sus
docentes deben ser a tiempo completo”, hay un vacío legal ya que no se establece
claramente cuales son los derechos del profesor ordinario y contratado, ni la
máxima duración de sus contratos temporales, ni tampoco se obliga a las
universidades a invertir en su educación y formación permanente: dos elementos
que les permitirían acceder a una promoción inmediata en la escala remunerativa
y a un eventual nombramiento para salir de la inestabilidad dentro de la cual
la mayoría sobreviven. Este vacío en la norma consiste en que si bien ahora se
exige el grado de Maestro o Magister para todo profesor universitario y el
grado de Doctor para ser profesor principal, no se establece un sistema de
becas, ni ninguna clase de financiamiento público o de fondos privados para el
docente con calidad de ordinario que ya se encuentra trabajando dentro de la
comunidad universitaria y que representa a la mayoría.
Nada de esto tiene sentido cuando
pensamos que el docente contratado, empleado temporal, casi sin ningún derecho
social, sin derecho a vacaciones pagadas, sin derecho a tiempo de enfermedad, salvo
con el derecho a utilizar el Seguro Social universal, está llevando sobre sus
hombros, la responsabilidad de brindarle una educación superior de calidad al
la gran mayoría del estudiantado nacional, entre los 17 y 22 años de edad. Que
ha pasado al menos ocho años de si vida preparándose y estudiando hasta
alcanzar el grado de Maestro o Magister. Que gracias a lo económico de su
trabajo, el Estado y las universidades privadas han podido atender las
necesidades de las masas sin aumentar las pensiones en los últimos veinte y
cinco años.
Y sin embargo los congresistas de
todas las bancadas callan. Actualmente existen algunos proyectos presentados en
la Comisión de Presupuesto del Congreso y en SUNEDU por la Federación Nacional
de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) y por otras entidades. Estas
propuestas están dirigidas a mejorar el nivel remunerativo de aquellos
profesores privilegiados que al menos gozan de uno de los nombramientos
existentes. No existe sin embargo ningún proyecto de ley para solucionar el
problema masivo y humanitario de los profesores contratados a nivel nacional.
Llama la atención que un hecho tan importante para el futuro de nuestra Patria
y de nuestros jóvenes, no haya sido ni tan siquiera mencionado en la larga
lista de logros políticos del ahora interpelado Ministro de Educación, Jaime
Saavedra.
