domingo, 16 de marzo de 2014

PROYECTO DE NUEVA LEY UNIVERSITARIA, ¿Y LOS PROFESORES QUÉ?

Escribe: Rocío Valencia H.
“La mejora de la calidad de la educación empieza por la mejora en la calidad de los profesores” McKinsey & Company

Se habla mucho de los aspectos administrativos y políticos de la educación superior, también del aspecto económico dejando del lado el aspecto humano. Es decir el aspecto del recurso humano, un recurso vital y sin embargo tan devaluado por las mismas universidades: el profesor. Muchos se preguntan cómo se financian las nuevas universidades y por qué razón proliferan con tanta facilidad.  Mentiría quien se atrevería a negar que una de las principales fuentes de financiamiento para la mayoría de las privadas son las onerosas pensiones que pagan los estudiantes, y que otra es el dinero que estas universidades ahorran todos los meses gracias al bajísimo costo de una plana docente precaria, sin beneficios sociales, sujeta al régimen laboral privado. Esto ha sido posible gracias a leyes perversas que datan del régimen del Ing. Alberto Fujimori Fujimori. En particular el Decreto Legislativo N⁰882 de 1996 que permite la creación de empresas universitarias, convirtiendo a la educación superior en una actividad con ánimo de lucro. Pero vayamos a los datos que afectan directamente al profesor y a la calidad educativa. Según la tabla publicada más abajo, un profesor contratado al precio horario hipotético de 25 soles la hora, dato muy real en algunas universidades privadas, para una clase de 30 alumnos, recibe el  2.4 % de lo que percibe la tesorería de la universidad por su clase dictada en el lapso de un mes. La tabla de más abajo, ha sido elaborada con datos particulares que algunas de estas universidades-empresas proporcionan a través de sus portales y aunque no puede ser generalizado es alarmante. Se parte de la hipótesis de 25 soles la hora, lo cual es un promedio aproximado, ya que dentro de la ciudad de Lima donde los sueldos horarios oscilan entre los 22 y los 55 soles la hora para los profesores contratados a nivel de carreras de pre-grado.

TABLA INDICATIVA (en base a un caso particular)

Cantidades expresadas
en soles
Número de créditos
Costo promedio por crédito
Nro 
alumnos
matriculados
(promedio)
Pago promedio que recibe el profesor contratado por hora
Pago bruto mensual que recibe profesor por clase de 4 horas semanales, 2 créditos
Cantidad bruta mensual que recibe la universidad por clase de 2 créditos con 30 alumnos matriculados

01

S/. 137
30
S/. 25
S/. 400
S/. 8,220

Si las dos fuentes principales de recursos económicos financieros de las universidades son en primer lugar el cobro de las pensiones y en segundo  lugar el beneficio que se obtiene del trabajador intelectual más barato del Perú (el profesor contratado), entonces no debería de sorprendernos la facilidad con la cual las nuevas universidades proliferan y la forma como este hecho particular afecta la calidad educativa.  Remitir al Ministerio de Economía y Finanzas los proyectos de los presupuestos anuales de las universidades públicas, sólo pondría en evidencia el mínimo gasto que hacen las universidades públicas en sus docentes contratados. Fiscalizar la reinversión de excedentes de las universidades privadas tampoco resolvería el desequilibrio. En los 27 estados miembros de la Unión Europea, el 79,9% de la financiación que reciben las instituciones de educación superior (IES) procede de fuentes públicas[1]  Aquí en el Perú el panorama es exactamente el opuesto. ¿Qué ganamos entonces fiscalizando “la reinversión de excedentes” cuando lo que hay que cambiar es una ley que permitió en primer lugar que consorcios privados y empresarios abrieran universidades con el único fin de hacerse millonarios?

Se ha señalado que muchas universidades no deben de seguir funcionando, pues existen dudas en la manera como obtuvieron o mejor dicho "consiguieron" el permiso de la ANR, sin contar con infraestructura adecuada, laboratorios y ni siquiera bibliotecas. Sin embargo también está muy mal que la ley les permita a estas universidades  explotar a un ejército de profesores contratados (suman aproximadamente 30,000) cuyo minúsculo pago horario no les permite tener una vida digna, ni mucho menos formarse para acceder a un título de post-grado, maestría o doctorado. Ni las autoridades universitarias ni los docentes desean tocar el espinoso tema del profesor contratado ya que acomoda a los unos e intimida a los otros. Los mismos docentes no hablan por temor a ser separados de sus instituciones y quedar sin ninguna fuente de ingresos. Tengamos en cuenta que la mayoría se expone a quedarse sin trabajo. Las universidades se hacen de la vista gorda pues resulta muy lucrativo contar con este tipo de empleado precario del cual se pueden deshacer en cualquier momento. Los profesores miran con resignación la calle, en la cual quedarían si protestan directamente antes las autoridades. Nadie quiere levantar el manto para contemplar un cuadro que sería la vergüenza de cualquier país desarrollado, con instituciones democráticas y acreditadas.

En nuestro país hace falta que un capítulo entero de este nuevo proyecto de ley universitaria  regule la formación académica, el concurso, el contrato y el tipo de remuneración del profesor universitario, sin posibilidad a que las universidades puedan apoyarse en el profesor contratado, como tabla de salvavidas para incumplir la nueva ley y ahorrar en una partida tan crucial y sensible para alcanzar la tan deseada calidad educativa. Si se coloca un tope al porcentaje de profesores contratados que tanto universidades públicas, como privadas están autorizadas a contratar y un límite al número de veces que estos profesores pueden ser re contratados se termina con el problema de los profesores precarios. Salvaguardar la calidad educativa dependerá en gran parte de esta difícil, pero necesaria decisión.


Situación real del profesor contratado
Según nuestro estudio en 10 de las 35 universidades limeñas, el profesor contratado, con título universitario gana entre 22 y 35 soles la hora.  Hay en total 110 universidades en todo el Perú (39 son públicas y 71 son privadas) Sin embargo se cuentan con los dedos de una mano, el número de las universidades donde la remuneración está por encima de los 50 soles la hora. Un tiempo completo es de 40 horas: 20 de dictado y 20 de cualquier otra actividad dentro de la misma universidad. En la mayor parte de las universidades el máximo en horas de dictado para un profesor contratado es de 19 horas semanales. Si fuera de 20 la universidad se vería obligada a reconocerle los beneficios sociales, como las licencias por enfermedad o las vacaciones pagadas. Siendo sólo 19 horas, únicamente están obligadas a pagarles el aporte al sistema nacional de pensiones o a la AFP respectiva. Existe una élite de universidades a nivel nacional que sí los contrata por 20 horas o más y sí paga toda la gama de sus beneficios sociales, incluidos los médicos. Pero este grupo de universidades es la minoría y lamentablemente la mayoría de profesores no tiene el privilegio de trabajar en esas privilegiadas 4 o 5 universidades. Al horario de las hipotéticas 19 horas, se le suman mínimo 4 horas de preparación semanal que no le son reconocidas. Otras dos de revisión de trabajos y tutorías que tampoco le son reconocidas bajo el régimen privado. En total suman 25 horas semanales de las que tan sólo recibe un pago de 19 horas de dictado. Al precio de 25 soles la hora que es el lugar común para la mayoría de profesores que no tienen maestría, ni doctorado, esto equivale a 1900 soles menos los descuentos de ley. Con ese salario tiene que vestirse dignamente, alimentarse apropiadamente, transportarse y además mantenerse al día en sus conocimientos comprando libros, revistas especializadas, periódicos y asistiendo a una o dos conferencias por ciclo. El dinero que las universidades injustamente le pagan no alcanza para que vista o calce bien. Tampoco para que se transporte en automóvil a clase todos los días. Mucho menos para que pueda pagar un sistema de seguro médico y dental que la universidad privada no le proporciona. No goza de vacaciones pagadas, sino que más bien se convierte en desempleado durante tres meses al año. El profesor contratado vive así a la merced de un sistema laboral privado que no protege ninguno de sus derechos fundamentales, salvo el derecho a gozar de una jubilación mínima, al cabo de 35 años de servicio.

Sin beneficios sociales, ni vacaciones pagadas, ni licencia por enfermedad; tendrá que afrontar un año que dura 12 meses, con un ingreso de 18,050 por los nueves meses y medio trabajados en el año, lo cual equivale a  S/.1,504 al mes. Si enferma, no podrá trabajar, ni tampoco pagarse un tratamiento. Si tiene un auto y este se estropea, tampoco podrá pagar las reparaciones en ningún taller. Todo esto mientras los congresistas ganan sueldos de S/.23,000 al año por presentar menos de diez proyectos de ley y algunas veces ninguno que sea aprobado en todo el año. En ese mismo lapso de tiempo el profesor contratado ha revisado al menos 60 monografías de investigación; ha asesorado tesistas y hasta ha pasado a formar parte de jurados para la sustentación de tesis de licenciatura, sin que nadie le reconozca ninguna clase de beneficio económico por un trabajo académico que en otros países sólo realizan los doctores.

Tiene un contrato de tan solo seis meses renovable hasta el infinito. No existe límite en cuanto al número de veces que la universidad lo puede volver a utilizar, perdón re-contratar. De este modo, puede salir con muy buenos resultados en las encuestas realizadas a los estudiantes ciclo tras ciclo y sin embargo esto no constituir jamás un criterio para que la universidad le mejore en su status de profesor contratado, con el fin de evitar el costo que le significaría ofrecerle un contrato de tres años o un contrato indefinido. En contraposición a esta situación está la de los profesores ordinarios (principal, asociado o auxiliar) quienes sí gozan de una estabilidad laboral y de los beneficios sociales establecidos por la ley. Ocurre que los profesores ordinarios, también llamados profesores nombrados, son cada vez menores en número y que muchas universidades privadas hacen actualmente hasta lo imposible por jubilarlos, a penas cumplen los 75 años, sin ninguna intención de reemplazarlos en sus puestos por otros profesores que gocen del mismo status permanente y por lo tanto de la misma calidad de vida. En el proyecto de la nueva ley universitaria el tope ha bajado a los 70 años de edad.

Hemos revisado cuidadosamente el proyecto de la nueva ley universitaria y está claro que la situación del profesor contratado no mejorará. El capítulo VIII dice: ´´la universidad está facultada para contratar  a docentes´´  El docente que fue contratado puede concursar a cualquiera de las categorías docentes (principal, asociado, auxiliar) Esta norma sugiere que si el profesor es un profesor contratado, él puede tomar la iniciativa de concursar a una mejor plaza (principal, asociado, auxiliar) Sin embargo en la práctica esto es imposible, a no ser que la ley también establezca que se trata de un derecho del profesor contratado que la universidad peruana está obligada a respetar estableciendo los plazos y las condiciones. Lo lógico sería que la ley dijera: “al cabo de tres años de trabajar en una misma institución de educación superior el profesor contratado tiene el derecho de postular a una plaza de principal, asociado o auxiliar y las universidades públicas y privadas tienen la obligación de convocar al concurso correspondiente” Actualmente las plazas de profesor principal, asociado y auxiliar son raras. Las ofrece únicamente la universidad pública, no así la universidad privada donde los nombramientos dependen de criterios puramente económicos.

Por todas estas razones, el debate en torno a la nueva ley universitaria levanta tanta polvareda, debajo de la cual sólo se escuchan argumentos incompletos de monos abrazados a una torre de Babel.  ¿Por qué no invitar al debate en el Congreso a todos los públicos involucrados?; ¿a las autoridades universitarias y a los profesores, de todas las categorías, provenientes de universidades de todo tipo de nivel socio-económico y de todas las regiones del país?, ¿y también a los dueños de las universidades privadas, así como a los representantes de los profesores y a los representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas que son los más interesados en que la calidad educativa esté garantizadas y los títulos puedan ser acreditados?

Lima, 16 de marzo del 2014



[1] http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice%20/documents/thematic_reports/091ES.pdf



martes, 26 de febrero de 2013

La libertad de injuriar en la prensa y el juicio de Rafael Correa contra los directivos del diario ´´El Universal´´

Escribe: Rocío Valencia H.


De Haya de la Torre quien practicó el periodismo a nivel internacional aprendimos que ´´no hay información que valga si no está debidamente probada´´ y de plumas magistrales como fueron las de Manuel Seoane, Luis A. Sánchez y Andrés Townsend que engalanaron al periodismo nacional con su ejemplar trabajo periodístico que el límite a la libertad de expresión es el respeto a la honra y al buen nombre de las personas.


Presidente de Ecuador, Rafael Correa


Este sábado 16 de febrero fue ratificada la sentencia personal contra tres directivos y un periodista del diario ´´El Universal´´ en Quito por el delito de haber injuriado al actual presidente de Ecuador, Rafael Correa calificándolo de ´´asesino de lesa humanidad´´ en una columna de febrero del 2011. Los directivos del diario se negaron en todo momento a ejercer su derecho a la rectificación de la publicación lo cual los hubiera librado del juicio y de la sentencia. El mandatario indicó en su habitual enlace radiotelevisado que no es agradable pedir prisión para alguien; sin embargo señaló que la culpa es de los acusados que además de mentir, jamás contemplaron la posibilidad de rectificarse. El gobernante aseguró que, como demandante, tiene capacidad legal de perdonar la condena; una decisión que no tomaría hasta hablarlo ´´con serenidad´´ con su círculo más cercano en busca de lo mejor para su ´´proyecto político, la democracia y el país´´ (EFE)


Desde que el periodismo es normado por la ley existe en toda democracia el denominado ´´derecho a la rectificación´´ por parte del emisor, en este caso el diario ´´El Universo´´ de Ecuador. De modo que si un medio de comunicación o una persona física ha vertido expresiones infelices de las que luego desea retractarse o que simplemente desea retirar por razones éticas, políticas o jurídicas, el medio de comunicación o persona en cuestión tiene la posibilidad de ejercer este derecho publicando una rectificación en el mismo espacio donde la información fue publicada.


¿Pero cual es la razón de la indignación del actual presidente ecuatoriano? En su edición de febrero del 2011, el diario ´´El Universo´´ llama a Rafael Correa ´´asesino de lesa humanidad´´, insinuando que Correa podría ser enjuiciado ´´por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente´´ durante la intentona del 30 de septiembre de 2010.


Como consecuencia de estas graves acusaciones el primer mandatario ecuatoriano demanda a título personal a los directivos del diario El Universo, a los hermanos Carlos, Cesar y Nicolás Pérez y al editor, Emilio Palacio quien escribió el virulento artículo. Durante el juicio el periodista Emilio Palacio insiste en calificar de ´´asesino´´ al mandatario, pero es incapaz de probar sus aseveraciones y basa su defensa en un supuesto derecho irestricto a la libertad de expresión. El 23 de setiembre del presente la Corte Nacional de Justicia suprema ecuatoriana condena a tres años de prisión y a pagar la suma de treinta millones de dólares en reparaciones a los tres directivos del diario y 10 millones más a la compañía anónima El Universo. Los abogados de la parte acusada interponen recurso de casación pero la sentencia es ratificada este último 16 de febrero en medio de acusaciones de supuestas irregularidades por parte de los abogados de los hermanos Pérez.


Como reacción a esta sentencia, Carlos Pérez director del diario El Universo ha pedido asilo político en la embajada de Panamá, mientras los otros dos directivos del diario y Emilio Palacio, autor del controvertido artículo ya se encuentran en la ciudad de Miami. Desde el mes de octubre del año pasado sus abogados defensores han presentado una solicitud de medidas cautelares que evitaría la ejecución de la condena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington D.C. Este proceso seguirá su curso siempre que el presidente ecuatoriano acceda a facilitar la información del caso.


Un caso como el de los periodistas del diario El Universal es inédito en la historia del periodismo latinoamericano. Un presidente que enjuicia a los directivos de un diario y que como era de esperarse gana el juicio. El director de un diario que prefiere ser condenado, prefiere exponerse a ser llevado a prisión y prefiere pedir asilo en un país vecino y abandonar su patria, antes que pedir una disculpa y rectificar las acusaciones vertidas por uno de los periodistas de su diario.


Emilio Palacio con su abogada


La opinión pública podría plantearse varias hipótesis, por ejemplo qué cosa es peor: ¿acusar a un señor presidente de asesino basándose en simples hipótesis y opiniones o utilizar y abusar del poder político que confiere el cargo de presidente de un país para castigar a los representantes de un medio de comunicación privado enemigo al gobierno con multas millonarias que difícilmente podrán pagar?. ¿Qué es peor abusar de la libre expresión sin ninguna clase de consideraciones éticas y deontológicas, manchar impunemente la honra de funcionarios públicos que tienen hijos y familia o hacer uso y abuso del poder desde el cargo de Presidente para influenciar mediática y sicológicamente a la opinión publica. Y tal vez también a los representantes del poder judicial?.

El presidente Correa ha declarado que no está contento de enviar a prisión a nadie pero que ´´esto ha sido por la verdadera libertad de expresión, por el verdadero estado de derecho´´ y ´´por la verdadera democracia y, sobretodo, por tanto ofendido por los abusos de la prensa´´. En otras palabras no coincide con quienes piensan que su demanda es un atropello contra la tan mentada libertad de expresión, sino todo lo contrario la entiende como una defensa de la verdadera libertad de expresión y protesta contra ´´ciertos medios corruptos´´ diciendo que ´´creen que porque son privados pueden jugar con el honor, con la reputación de las personas, con nuestras familias, con nuestra dignidad, con nuestra vida´´. Así pues, quienes ejercemos el periodismo nos preguntamos: ¿cuál es el equilibrio entre una libertad de expresión que se permite acusar sin pruebas y un gobierno que es capaz de llevar a los tribunales y enjuiciar a los periodistas que se permitan hacerlo?

martes, 28 de febrero de 2012

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LOS CRÍMENES DE SENDERO LUMINOSO EN AYACUCHO

El lunes 5 de marzo del 2012, la Secretaria Nacional de Cultura del PAP, la célula aprista Ayacucho Sur, los colectivos "Nuevos Rumbos", "Poetas del Renacimiento" y la JAP de 1945 presentan en la Sala de las Banderas de la Casa del Pueblo, Ave. Alfonso Ugarte s/n , Lima, a las 7:15 pm el libro:

LOS CRIMENES DE SENDERO LUMINOSO EN AYACUCHO

del Dr. Alberto Valencia Cárdenas.

Alberto Valencia Cárdenas (1927-2005) laureado periodista, abogado, poeta, curtido luchador social, diputado por Ayacucho (1985-1990 y 1990-1992), fundador de 77 rondas campesinas, más tarde conocidas como Comités de Autodefensa Civil.
El valor de este libro-informe es que por vez primera denuncia en un foro mundial los crímenes cometidos por Sendero Luminoso contra el campesinado y contra el Estado peruano. Este libro fue presentado en calidad de informe a la Comisión de DD HH de las Naciones Unidas por su autor el 3 de abril de 1992, una copia fue entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias al trabajo de inteligencia de los valientes ronderos y al apoyo brindado al Ejército por comandos especiales compuestos por ronderos y soldados se logra expulsar a Sendero Luminoso de vastos sectores de Ayacucho, Huancavelica, Cuzco y Apurímac. Alberto Valencia diseño y apadrinó las DECAS (Defensa Civil Antisubversiva) del valle del río Apurímac, más conocido como VRAE y, representándolas fue elegido por segunda vez diputado de Ayacucho en 1990. Su lucha por la paz fue permanente y corajuda y su frase celebre: ´´No conozco otra forma de cumplir con mi deber de peruano y de aprista´´ sirve de ejemplo y de faro a generaciones de nuevos defensores de la paz, de la vida y de la libertad.

El libro denuncia entre otras cosas la absoluta falta de objetividad de organismos como Amnistía Internacional, American Watch, la Comision de los DD.HH de las Naciones Unidas y la respectiva de la OEA. Organismos que hasta la fecha de publicación de este libro-informe no denunciaban ninguna de las flagrantes violaciones a los DD.HH cometidas por Sendero Luminoso, ´´no obstante que Sendero es el grupo terrorista más fanático y más cruel que ha aparecido en América Latina´´(p. 9). Valencia Cárdenas viaja a Ginebra con su propio peculio y a título independiente para entregar este informe que contiene más de 75 relatos sobrecogedores que retratan la negra historia de Sendero Luminoso (hoy reapareciendo en la escena nacional bajo el nombre de MOVADEF), la falsedad de su prédica de justicia social, la ferocidad de sus actos y su desprecio total por la vida y por la libertad. En una frase de libro afirma que pareciera que ´´Amnistía Internacional, American Watch, la Comisión de los DD.HH de la OEA y la correspondiente de las Naciones Unidas no miden con la misma vara las acciones del Gobierno (peruano) y las atrocidades de Sendero Luminoso´´(p. 10). El objetivo de la hija del Dr. Alberto Valencia Cárdenas, la comunicadora social Rocío Valencia Haya de la Torre al volver a difundir el libro de su padre es como ya lo ha manifestado en T.V. (1): ´´QUE LA HISTORIA JAMAS SE REPITA´´.

Doscientos ejemplares de este libro-informe serán distribuidos gratuitamente por la juventud aprista ayacuchana y miraflorina en el lugar y hora de la presentación del libro el próximo lunes 5 de marzo del 2012. 

lunes, 5 de diciembre de 2011

LA NIÑA PIURANA CUYO PADRE NO PUDO COMPRAR A LA ´´JUSTICIA´´

En camisa blanca y pantalón negro, Alfonso Cardoza llora sobre el féretro de su pequeña Pierina por cuya custodia llevaba luchando nueve años
El escalofriante crimen de Pierina, una niña de 9 años, el 17 de noviembre en manos de Isabel Tello, una madre trastornada que la torturó y violó hasta ocasionarle la muerte ha consternado Lima. Todos nos preguntamos: ¿Qué sistema judicial tenemos?; ¿qué rol cumple el Estado, el Ministerio de la Mujer o el INABIF en proteger a niños como Pierina que sufren violencia física, sicológica y sexual?; ¿hacia dónde nos está llevando el modelo actual que coloca a la economía de mercado como fin supremo del Estado y de la sociedad y al dinero como criterio central de dictámenes y sentencias desnaturalizadas?


¿Pero quien era Pierina?
Pierina Cardoza Tello era una niña de 9 años, abusada por la madre y también por su abuela, Bertha Chanduví . Según el testimonio de sus profesores, la niña no sabía siquiera leer ya que faltaba mucho a la escuela e iba a clases sin uniforme escolar. El informe obligatorio que acompaña su expediente judicial en Piura es realmente alarmante pues indica que se encontraba anémica, con un peso y una talla inferiores a lo normal, desaseada y piojosa. El testimonio de vecinos y del ex padrastro revela que su abuela materna la golpeaba y la hacia dormir encima de cartones en un baño y que la obligaba a servirla y a realizar tareas domésticas en lugar de preocuparse por su educación. Un sistema judicial indolente y corrupto le había otorgado la custodia o tenencia de Pierina a la abuela materna, como consecuencia de los maltratos que la menor sufría en manos de su madre, sin consultar la opinión del padre, Alfonso Cardoza quien también tenía la patria potestad de la menor. Cuando este apeló a la sentencia injusta exigiendo la tenencia de su hija, el juez de familias negó su petición tachándola de ´´improcedente´´ ignorando así los resultados de la evaluación médica que revelaban que la niña se encontraba descuidada y enferma. El padre se queja que se basaron únicamente en razones de solvencia económica. Sin embargo no investigaron a la abuela quien según investigación del diario El Comercio había sido sentenciada por robo, abigeato, hurto y condenada por estafa en mayo del 2002.
Ante la indolencia y lentitud del sistema judicial, Alfonso Cardoza, llega al extremo de pagar  S/. 500 a la malvada abuela para recuperar a su hija y la llevarla a vivir con él. Sin embargo al cabo de poco tiempo, Bertha Chanduví saca a Pierina del colegio y la envía a Lima a vivir bajo el techo de su principal agresora y de los nuevos hermanastros y padrastro. Lejos de la protección de su padre, la única persona que realmente la quería, las cartas estaban echadas para el destino de esta niña.
Las preguntas que nos hacemos ante este trágico desenlace son muchas. En primer lugar: ¿Después del proceso en el cual el juez recibe las pruebas y reconoce el maltrato brutal de la menor por parte de la madre, por qué razón el juez le otorga la custodia a la abuela materna, sin antes averiguar sus antecedentes penales, evaluarla sicológicamente y averiguar en qué condiciones realmente vive?; ¿El interés del padre en su hija y su deseo de darle un hogar y de satisfacer sus necesidades no vale nada o es que acaso el único criterio que cuenta es el dinero que hay por medio?; ¿Nuestra sociedad estará arrastrando el prejuicio feminista de favorecer a la mujer para criar a los hijos, inclusive a una abuela abusiva frente al derecho que tiene todo varón, así se trate de un padre soltero de criar también a sus hijos?; ¿Por qué razón cuando un adulto rompe la ley enviando a un niño a casa de una persona que no tiene legalmente la tenencia, pues existe una sentencia en contra de por medio (como era el caso de  Pierina) no existe la posibilidad de mediante una simple denuncia telefónica enviar a la policía a recoger al niño y llevarlo de vuelta con el padre que sí tiene la tenencia o al INABIF hasta que se esclarezca la situación del menor, sobre todo si esta ha sido maltratado?
¿Tienen que suceder estas barbaridades para que la sociedad exija cada vez con una voz más fuerte un castigo más fuerte y ejemplar en contra de quienes corrompen y quienes se dejan corromper? ; Queda pendiente una investigación para averiguar si la abuela de Pierina en complicidad con la madre sobornó a los jueces y también para averiguar si estos se dejaron sobornar por ambas mujeres, pero mientras tanto la Sra. Chanduví  sigue libre, como si no tuviera ninguna responsabilidad en este horrendo desenlace y planeando mudarse a Lima para huir del dedo acusador de toda la ciudad de Chiclayo.
En democracias y sociedades más avanzadas que la nuestra hay canales de comunicación eficaces y mecanismos entre la policía, los organismos de protección de la niñez, como el INABIF  y el sistema judicial que funcionan sin coimas, ni tropiezos. En nuestro país es muy largo el camino que los pobres deben recorrer para recibir justicia, como si fuera una dádiva. Hay niños como Pierina a la merced de sicópatas y violadores que en demasiados casos son los mismos familiares. Ojalá la inmolación de Pierina sirva como primera piedra de una transformación estructural en el sistema judicial y en la defensa de los derechos del niño.

Escribe: Rocío Valencia H.
5-12-2011

martes, 27 de septiembre de 2011

¿El Estado es culpable de los tres niños muertos en Cachachi?

Ministra Aida Garcia Naranjo

¿Y en realidad qué ganamos buscando culpables? La desgracia ocurrida en Cachachi, Cajamarca esta semana no solo es una tragedia para los padres de los tres niños fallecidos. Es también una desgracia para el comité escolar de madres de familia del PRONAA, para el MIMDES y para el Estado. Salvo prueba contraria, no vamos a creer que alguien se alegra con esta noticia o que ha sido un crimen perpetrado con dolo y alevosía. Esta desgracia y la forma como se viene manejando por los medios de comunicación es una prueba de lo equivocados que están quienes desde un periódico o un canal de televisión pretenden utilizar la noticia con fines sicológicos y políticos.

Existen dos hipótesis. La primera es la expuesta por la Sra. Aida García Naranjo, vocera del gobierno y del MIMDES. Ella explica que existen serios indicios que la intoxicación provino no de los alimentos distribuidos por el PRONAA hasta el día 25 de agosto, sino de la preparación posterior de los mismos por un comité de madres de familia en un balde que contenía sustancias fosoforadas. Los análisis de laboratorio darán el veredicto final acerca de esta teoría muy pronto. La otra hipótesis es la de culpar a las autoridades por ser poco vigilantes ya que de una manera u de otra el PRONAA es el responsable no sólo de la distribución sino de la preparación de los alimentos por los comités escolares de madres. Ya se habla inclusive de interpelar a la Ministra de la Mujer, Aída Naranjo es decir de personalizar el incidente para encontrar a un responsables político y poder castigarlo.

Y es que vivimos en el país de las acusaciones, las quejas y los castigos cuando sería mucho más sencillo proponer soluciones, políticas preventivas y políticas curativas. Ya se cortó la cabeza del Director del PRONAA, Dante Mendoza, para acallar las críticas contra el MIMDES y por haber tenido la ´´mala idea´´ de darle S/.300 en efectivo a los padres de los tres niños fallecidos que con lágrimas en los ojos le pidieron ayuda pecuniaria para enterrar a sus hijos durante su visita a Cachahci. Algunos medios lo acusaban maliciosamente de haber intentado ´´sobornar´´ a los padres de familia. ¿Entonces el sentir compasión y darle al que pide como un acto privado se ha convertido en un peligro para cualquier funcionario? A nadie se le ha ocurrido que lo que hay que replantearse es la metodología en la distribución de los alimentos y la filosofía que anima a la mayor parte de los programas sociales. Si los alimentos que van a ser donados han pasado los controles de calidad entonces por qué no son distribuidos directamente a los padres de familia para que estos como ciudadanos responsables los preparen dentro de su hogar o dentro de sus comunidad familiar? Sería más democrático e ´´inclusivo´´ dejar  que las familias asuman esta responsabilidad. El Estado debe asumir su responsabilidad, pero ojo, los ciudadanos que reciben la ayuda también, ¿o es que acaso una mentalidad equivocada nos impide otorgarle a nuestros campesinos la calidad de ciudadanos responsables y mayores de edad?

Rocío Valencia H.
Lima, 27 de setiembre del 2011