Elaborado por: Rocío Valencia Haya de la Torre
Educación básica regular
Resumen Ejecutivo
El Partido
Aprista Peruano sostiene que la meritocracia es la columna vertebral de una
educación pública de calidad y de un magisterio digno. La Ley de la Carrera
Pública Magisterial, promulgada durante el segundo gobierno del presidente Alan
García, reafirmó ese principio al reconocer el esfuerzo, la formación continua
y el desempeño profesional como criterios esenciales para el ascenso y la
retribución justa de los docentes. Desde la visión aprista, la meritocracia no
es un instrumento de exclusión, sino un mecanismo de justicia: premiar el
mérito es democratizar las oportunidades, elevar el prestigio del maestro y
asegurar que los estudiantes peruanos reciban enseñanza de calidad, impartida
por educadores competentes y comprometidos con el país. Por ello, defendemos
una carrera magisterial basada en el mérito, acompañada de condiciones
laborales dignas, evaluaciones transparentes y una política de desarrollo
profesional permanente, que devuelva al maestro peruano el lugar de respeto y
liderazgo moral que le corresponde en la sociedad.
Para la elaboración de la propuesta se
tomaron en cuenta las siguientes fuentes:
●
Revisión
documentaria de fuentes técnicas nacionales e internacionales cuyo propósito es
medir la calidad educativa: Programas presupuestales, Planes Estratégicos
Ministeriales, documentos elaborados por el MINEDU, la Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE), estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP),
●
Se
utilizaron cifras e indicadores propuestos por el INEI,
●
Como
fuentes directas sociales se desarrollaron conversatorios, foros de trabajo con
organizaciones comunitarias como Juntas Vecinales, Comedores Populares y
gremios profesionales.
En base al diagnóstico social y la
revisión documentaria, se definieron 3 ejes estratégicos:
●
Modelo
pedagógico y curricular
●
Calidad
educativa
●
Infraestructura
1. Modelo pedagógico y curricular
El Partido Aprista Peruano sostiene que la meritocracia es
la columna vertebral de una educación pública de calidad y de un magisterio
digno. La Ley de la Carrera Pública Magisterial, promulgada durante el segundo
gobierno del presidente Alan García, reafirmó ese principio al reconocer el
esfuerzo, la formación continua y el desempeño profesional como criterios
esenciales para el ascenso y la retribución justa de los docentes. Desde la
visión aprista, la meritocracia no es un instrumento de exclusión, sino un
mecanismo de justicia: premiar el mérito es democratizar las oportunidades,
elevar el prestigio del maestro y asegurar que los estudiantes peruanos reciban
enseñanza de calidad, impartida por educadores competentes y comprometidos con
el país. Por ello, defendemos una carrera magisterial basada en el mérito,
acompañada de condiciones laborales dignas, evaluaciones transparentes y una
política de desarrollo profesional permanente, que devuelva al maestro peruano
el lugar de respeto y liderazgo moral que le corresponde en la sociedad.
Actualmente, el enfoque de la educación en nuestro país es el enfoque “por
competencias” que defiende la agenda mundial de las Naciones Unidas. En
consecuencia, el Currículo Nacional de la Educación Básica está fundado en el
enfoque por competencias en oposición al antiguo que se enfocaba en el
desarrollo de las capacidades intelectuales del estudiante. El enfoque por
competencias, aunque útil para vincular el aprendizaje con la vida práctica, ha
terminado subordinando la educación al mercado laboral y a sus necesidades
económicas inmediatas. Como apristas proponemos un modelo humanista y
equilibrado que combine la formación intelectual con el entrenamiento práctico
sin descuidar el desarrollo de los conocimientos y de las capacidades
intelectuales del estudiante.
En cuanto al objetivo de “equidad de género”, “Defendemos la enseñanza de la
equidad de género desde el punto de vista del respeto a la dignidad humana, a
la igualdad de oportunidades y la no discriminación, sin imponer
interpretaciones ideológicas ajenas a la realidad cultural y familiar del Perú.
Creemos también que la formación espiritual debe ser respetada como parte de
nuestra tradición, manteniendo la enseñanza de la religión católica como opción
libre, dentro del marco de un Estado laico y respetuoso de todas las
creencias.”
2.
Calidad educativa
A nivel nacional, la brecha entre la oferta educativa
pública y la privada sigue siendo muy marcada. Según datos del Ministerio de
Educación y estudios complementarios de Equifax y el INEI, el Perú cuenta con
más de 95 mil instituciones educativas en funcionamiento. Sin embargo, cerca
del 70 % de ellas son de gestión privada, mientras que apenas un 30 % pertenece
al sistema público. Esto refleja una realidad estructural: el Estado peruano
sostiene solo una tercera parte de la oferta escolar que el país requiere,
mientras que el sector privado asegura 2/3 de la demanda educativa, básicamente
en áreas urbanas.
Según los estudios mencionados líneas arriba, Lima Metropolitana concentra un
total de 7,602 instituciones educativas y 1.9 millones de alumnos registrados.
Del total de colegios registrados hasta octubre de 2025, el 74% son
establecimientos privadas y 26% públicos, es decir que el Estado peruano cubre
solo un cuarto de la demanda de colegios que Lima necesita.
Basándose en datos del Ministerio de Educación (MINEDU), la Evaluación Censal
de Estudiantes (ECE), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y el Programa para la
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), la página losmejorescolegios.com
publicó en junio de 2024 un ranking a nivel nacional en el cual aparecen los
veinte mejores colegios del Perú. Dentro de este ranking se puso en evidencia
que 18 de los veinte mejores colegios se encontraban concentrados en Lima y
solo dos en otras ciudades como Arequipa. De los veinte colegios seleccionados,
solo uno, el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú era público es decir
sin costo alguno para las familias más necesitadas. Esto significa que, de
acuerdo al estudio realizado por este colectivo privado, solo 5% de los mejores
colegios que sobresalen en las evaluaciones nacionales dependen del Estado. Esta
es una tendencia global. en Brasil y México, ningún colegio público figura
entre los mejores 20. en argentina y chile, solo hay uno. en Francia son 6. en
estados unidos no hay una metodología comparable pero aparentemente habría
instituciones públicas de muy buena calidad en algunos estados.
Esta
desigualdad se traduce en profundas diferencias en infraestructura, calidad
docente y acceso a recursos pedagógicos, lo que amplía la brecha entre quienes
pueden pagar por una educación privada y quienes dependen del sistema público.
En un país con más de 8 millones de estudiantes en educación básica regular,
esta situación demuestra que la distribución del financiamiento estatal es
ineficiente para garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad en
todo el territorio nacional.
Desde la perspectiva aprista proponemos revertir por completo esta situación y
lograr que, de aquí al 2033, 25% de los colegios públicos ocupen el ranking de
los mejores colegios a nivel nacional. Así también, proponemos aumentar
significativamente la tasa de ingresos a las universidades por parte de los
estudiantes de colegios nacionales; reforzar el programa de beca 18 y aumentar
el número de los colegios de Alto Rendimiento (COAR)o colegios mayores
secundarios presidente del Perú, ideados por el expresidente Alan García a
nivel nacional.
3.
Infraestructura
En la actualidad existe en el Perú un déficit de más de S/
158,000 millones para la construcción y mantenimiento de las escuelas, la
carencia de servicios básicos como agua y electricidad y la rehabilitación de
escuelas en condiciones precarias que ponen en riesgo a más de un millón de
estudiantes (fuente: MINEDU).
En cuanto a Lima Metropolitana, los colegios nacionales de los 43 distritos
presentan problemas de infraestructura, algunos de ellos urgentes que ponen en
riesgo la seguridad de los niños que el Estado no ha logrado por completo
subsanar ni rehabilitar. Como apristas proponemos que el estado peruano
fiscalice de manera más eficiente la inversión en educación, que representa 6%
del PBI según el presupuesto aprobado para el 2026, y que fue en el año 2025 de
5.1% (fuente: Minedu). La UNESCO propone un presupuesto de entre 4 y 6% del PBI
en educación. Este nivel de gasto representaría 20% del presupuesto nacional y
permitiría que más alumnos accedan a una educación de calidad. Con ese nivel,
se logran tasas de matriculación mayores al 95%. Como ejemplo, Corea del Sur
invierte 4.6% del PBI porque prioriza calidad docente y currículos rigurosos.
Un criterio objetivo y universal que correlaciona la inversión en educación
como porcentaje del PBI es el resultado de las pruebas PISA.
A
continuación, se muestra dicha correlación con la última información que
corresponde al año 2022 (los resultados de la prueba del año 2025 todavía no
han sido publicados). Cabe señalar que ese año el Perú obtuvo el puesto 65
sobre 81 países participantes en las pruebas PISA. La inversión en educación (como porcentaje
del PBI) para los años 2023, 2024 y 2025 ha sido de 3.7%; 3.9% y 5.1%
respectivamente.
|
PAIS |
PUNTAJE PROMEDIO PRUEBA PISA |
EDUCACION COMO % PBI (2023 – 2024) |
FUENTE |
|
Singapur |
560 |
2.8 |
BM |
|
Japón |
536 |
3.5 |
OCDE, BM |
|
Taipei
Chino (Taiwan) |
533 |
4.2 |
GEM, UNESCO |
|
Corea del
Sur |
527 |
4.6 |
OCDE, BM |
|
Estonia |
526 |
5.3 |
OCDE, BM |
|
Canadá |
520 |
5.1 |
BM |
|
Irlanda |
518 |
3.2 |
OCDE, BM |
|
Suiza |
517 |
5.2 |
OCDE, BM |
|
Países
Bajos |
517 |
5.3 |
OCDE, BM |
|
Bélgica |
515 |
5.8 |
OCDE, BM |
Proponemos
pues que la infraestructura educativa pública que incluye: aulas, laboratorios
y baños, así como servicios esenciales como agua, electricidad y drenaje, y
áreas adicionales como bibliotecas, comedores, gimnasios y auditorios y también
mobiliario, equipamiento y conectividad a internet obedezca a los más altos
estándares internacionales de calidad y de conectividad.
4. Propuesta
de inversión para la educación básica regular (EBR)
Defendemos la idea de que la educación no es un gasto: es la mayor inversión
que un país puede hacer en su futuro. Por lo tanto, si el Perú quiere
convertirse en una sociedad moderna, justa y competitiva, debe supervisar que
el gasto en educación vaya a infraestructura, capacitación de docentes y la
niñez. Sin educación, no habrá desarrollo; sin cultura, no habrá identidad ni
peruanidad; por último, sin mujeres educadas, no habrá una auténtica democracia
ni habrá paz y solidaridad entre los peruanos.
La única forma de alcanzar nuestras metas es lograr una excelente
infraestructura; contratar docentes que obedezcan a un estricto sistema de
meritocracia; preparar desde el colegio un conjunto de evaluaciones y un
certificado de aptitud para la admisión universitaria válido a nivel nacional;
aplicar el enfoque pedagógico orientado a la obtención exitosa del diploma de
bachillerato internacional. (IB) y la Certificación de Diploma DELF; fomentar
el aprendizaje de las lenguas extranjeras incluyendo al quechua como una
alternativa al lado del inglés y reforzar la educación intercultural bilingüe
(EIB) a nivel nacional. Proponemos también que mejore el sistema de supervisión
del gasto efectuado por las UGELes a nivel nacional, ya que, si bien los
gobiernos regionales reciben por concepto de canon minero el 50% de los
impuestos de los titulares de las concesiones mineras, los gobiernos regionales
devuelven aproximadamente el 70% de esta partida al gobierno central debido a
su ineficacia. Así también, podríamos evaluar la tributación de las
universidades privadas a nivel nacional para poder financiar nuestro proyecto
de secundaria dual en la EBR a nivel nacional.
Cronograma
de mejora gradual (propuesta base)
|
Año |
Estrategia
clave |
|
2025 |
Diagnóstico
del destino de la inversión en educación |
|
2026 |
Creación
del sistema de supervisión digital de gastos en educación |
|
2026 |
Reforma
tributaria inicial y reducción de exoneraciones a las universidades privadas |
|
2027 |
Inversión
prioritaria en infraestructura y digitalización |
|
2028 |
Expansión
del programa nacional de formación docente |
|
2030 |
Consolidación
de presupuesto educativo multianual |
Educación superior
Resumen ejecutivo
La
actual norma que es la Ley Universitaria N° 30220 de 2014 presenta ciertas
debilidades y falencias en la medida que, en el caso de las universidades
privadas se constata que estas no orientan lo suficiente sus políticas en
función de la investigación y la docencia subordinando la investigación y la
calidad de la docencia a objetivos mercantilistas y de rápido crecimiento. Bajo
esta mirada, el Estado debe fortalecer procedimientos de fiscalización a través
de instituciones como Minedu y la SUNARP, modificando y mejorando la ley en los
siguientes aspectos estratégicos:
1. Personería jurídica de derecho
mixto en lugar de derecho privado
Muchas universidades privadas al
pertenecer en su totalidad al régimen privado no cumplen con los fines
establecidos en la Constitución (Art. 14) de promover el conocimiento, el
aprendizaje y la práctica de las humanidades o de fomentar la solidaridad y
terminan promoviendo intereses mercantilistas y de rápido crecimiento. Por esta
razón, proponemos que se creen mecanismos para que al menos un 70% de ellas
puedan pasar a un régimen de naturaleza mixta (público y privado) donde El Estado
no ejerza función administrativa directa, pero sí influya en decisiones estratégicas,
capaces de
asegurar el cumplimiento de los objetivos señalados en la Constitución para la
educación superior, como lo son la formación profesional, la difusión cultural,
la creación intelectual y artística y la investigación científica y
tecnológica.
2. Concentración de poder y falta
de democracia en el gobierno universitario
En la actualidad, existe una
concentración de poder en los promotores o directorios de la mayoría de
universidades privadas. Quienes toman las decisiones clave (creación o
cierre de programas, inversiones, matrículas, sanciones) suelen ser: el
directorio; la gerencia general y los propietarios. Pero, no así los órganos
colegiados que establece la Ley 30220. La práctica demuestra que, la mayoría de
universidades privadas abusa del régimen privado para no proveyendo democracia
interna, participación estudiantil, defensoría universitaria, transparencia,
etc., por lo cual, se comete toda clase de abusos de autoridad no solo con los
estudiantes sino también con los docentes. Considerando que, en Perú, el 59% de
las universidades son privadas esto se traduce en un régimen de muy poca equidad,
puntualizando hemos identificado los siguientes problemas:
●
Muchas
privadas no tienen Asamblea Universitaria.
●
Otras
limitan la participación estudiantil a órganos consultivos y no
deliberativos.
●
En
varias, las máximas decisiones se concentran en los propietarios, promotores
o directorios privados, no en la comunidad académica.
●
Las
relaciones laborales con docentes quedan sujetas al régimen privado, no al
régimen de servicio público, permitiendo contratos temporales, pagos por
horas y despidos sin participación de órganos colegiados.
Esto hace que, en la práctica, el “gobierno universitario” de la Ley
funcione plenamente solo para las universidades públicas, ya que, las universidades
privadas operan con un gobierno institucional basado en sus estatutos y
propietarios, con mínimos requisitos de participación. La casi nula
participación de órganos estudiantiles en la universidad privada tiene un
impacto en la calidad académica; la contratación y estabilidad docente y los proyectos
de investigación que son aprobados.
2. Calidad docente
Los docentes de las universidades privadas
enfrentan un sinnúmero de desafíos que desanima a los más brillantes y capaces:
●
inestabilidad
laboral (contratos por horas/ciclos)
●
escasa
participación en las decisiones acerca de las mallas curriculares y otras
herramientas pedagógicas
●
dificultad
para poder reclamar por mejoras debido a su sometimiento al régimen privado
●
nombramientos
por parte de las autoridades en base a su adherencia al sistema corporativo y
no a su trayectoria académica ni excelencia
●
la
carrera de un docente y su permanencia depende de autoridades que no son de su
área ni especialidad
3. Producción académica y políticas
de investigación
La producción académica en un número significativo de
universidades privadas resulta limitada y, en muchos casos, subordinada a
objetivos de licenciamiento, marketing institucional o crecimiento comercial,
antes que a una política sostenida de investigación. La investigación no suele
constituir un eje estructural de la vida universitaria, sino una exigencia
formal cumplida de manera fragmentaria y desarticulada de la docencia.
Entre los principales problemas identificados se
encuentran:
● Ausencia de políticas institucionales claras de
investigación, con líneas prioritarias y financiamiento estable.
● Sobrecarga docente y precariedad laboral que dificultan el desarrollo de
investigación sistemática.
● Evaluación de la producción académica basada en criterios cuantitativos de
corto plazo, sin atender su impacto social, cultural o científico.
● Incentivos académicos débiles o inexistentes para la publicación científica,
la producción intelectual y la innovación, así como limitaciones administrativo-contractuales
que impiden a docentes contratados representar a la universidad en congresos y
espacios académicos.
Esta situación debilita la calidad educativa, la
formación crítica del estudiante y la capacidad del país para producir
conocimiento relevante y pertinente.
La producción académica en un número significativo de
universidades privadas resulta limitada y, en muchos casos, subordinada a
objetivos de licenciamiento, marketing institucional o crecimiento comercial,
antes que a una política sostenida de investigación. La investigación no suele
constituir un eje estructural de la vida universitaria, sino una exigencia
formal cumplida de manera fragmentaria y desarticulada por algunos docentes que
carecen del apoyo institucional en sus investigaciones y se ven en la obligación
de realizarlo en su tiempo de descanso o vacaciones.
Entre los principales problemas identificados se
encuentran:
·
Ausencia de políticas institucionales claras de
investigación, con líneas prioritarias y financiamiento estable.
Sobrecarga docente y precariedad laboral que dificultan el desarrollo de
investigación sistemática.
Evaluación de la producción académica
basada en criterios cuantitativos de corto plazo, sin atender su impacto
social, cultural o científico.
·
Incentivos académicos débiles o inexistentes para la
publicación científica, la producción intelectual y la innovación, así como
limitaciones administrativo-contractuales que impiden a docentes contratados
representar a la universidad en congresos y espacios académicos.
·
Esta situación debilita la calidad educativa, la
formación crítica del estudiante y la capacidad de las universidades para
generar conocimiento académico relevante y socialmente pertinente.
III. Propuesta legislativa de
cambio
A. Gobierno universitario participativo
también en las universidades privadas
- Creación
obligatoria de órganos de gobierno colegiados, semejantes a los de las
universidades públicas:
- Consejo
Universitario
- Consejo de
Facultad
- Defensoría
Universitaria independiente
- Participación
estudiantil y docente con voz y voto en dichos órganos.
- Estudiantes: 20%
- Docentes: 40%
- Autoridades: 40%
- Prohibición de que
el propietario o directorio tome decisiones académicas sin aprobación del
órgano universitario colegiado.
Especialmente: apertura/cierre de carreras, contratación docente, grados y títulos, currículos, estándares académicos.
B. Protección laboral y profesional
del docente universitario
- Creación de una ley
de la Carrera Docente Universitaria para la universidad privada, con escalas
claras, estabilidad y transparencia (similar al modelo público, adaptado
al régimen privado o mixto).
- Límite al uso de
contratos temporales:
- Máximo 2 periodos
consecutivos.
- Después de ello,
contrato indefinido.
- Pago mínimo por
hora académica,
revisado anualmente por MINEDU y el MTPE, para evitar explotación laboral.
- Imposibilidad de
despido sin causa académica o administrativa debidamente fundamentada y aprobada por una
Comisión Académica.
- Procesos de
contratación por concurso con intervención de SUNEDU
C. Participación estudiantil real
- Representación
estudiantil obligatoria en todos los órganos donde se decidan aspectos
como:
- precios de las
matrículas,
- incremento de
boletas,
- acceso a becas,
- servicios
académicos y administrativos,
- medidas
disciplinarias.
- Consulta vinculante
a los estudiantes
ante cambios de modalidad, malla curricular o incrementos de pensiones por
encima de la inflación.
D. Transparencia y fiscalización
- Obligatoriedad de
publicar estados financieros auditados, para que las familias sepan
cómo se usan sus pagos.
- SUNEDU debe supervisar abusos laborales y
académicos,
no solo infraestructurales.
- Inspecciones
inopinadas.
- Sanciones
económicas a universidades reincidentes.
- Publicación de un
ranking de cumplimiento democrático y laboral.
- Defensoría
Universitaria independiente, con capacidad sancionadora y mecanismos de
protección al denunciante (estudiante o docente).
- E. Fortalecimiento
de la producción académica y la investigación universitaria
o
Obligatoriedad
de que las universidades privadas y de régimen mixto cuenten con una política
institucional de investigación, aprobada por el órgano colegiado
correspondiente, que incluya líneas prioritarias, presupuesto anual y criterios
de evaluación cualitativa y cuantitativa.
o
Asignación
de tiempo académico protegido para investigación, incorporado en la carga
docente, especialmente para docentes ordinarios y contratados con continuidad
laboral.
o
Creación
de incentivos académicos formales para la publicación científica, la producción
intelectual y la innovación, vinculados a la carrera docente y no subordinados
a objetivos administrativos o de marketing institucional.
o
Garantía
normativa para que los docentes, independientemente de su modalidad
contractual, puedan representar a la universidad en congresos, redes académicas
y actividades de investigación, sin restricciones administrativas arbitrarias.
o
Supervisión
por parte de SUNEDU del cumplimiento efectivo de estas políticas, evitando que
la investigación sea tratada únicamente como requisito formal de
licenciamiento.
5. Referencias
INEI. Gasto en el Sector Educación https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/education/
MINEDU. Programa Curricular de
Educación Primaria
MINEDU. Programa Curricular de
Educación Secundaria
MINEDU. Evaluaciones censales del
estudiante (ECE)
http://umc.minedu.gob.pe/evaluaciones-censales/
