LA NIÑA PIURANA CUYO PADRE NO PUDO COMPRAR A LA ´´JUSTICIA´´

En camisa blanca y pantalón negro, Alfonso Cardoza llora sobre el féretro de su pequeña Pierina por cuya custodia llevaba luchando nueve años

El escalofriante crimen de Pierina, una niña de 9 años, el 17 de noviembre en manos de Isabel Tello, una madre trastornada que la torturó y violó hasta ocasionarle la muerte ha consternado Lima. Todos nos preguntamos: ¿Qué sistema judicial tenemos?; ¿qué rol cumple el Estado, el Ministerio de la Mujer o el INABIF en proteger a niños como Pierina que sufren violencia física, sicológica y sexual?; ¿hacia dónde nos está llevando el modelo actual que coloca a la economía de mercado como fin supremo del Estado y de la sociedad y al dinero como criterio central de dictámenes y sentencias desnaturalizadas?

¿Pero quien era Pierina?

Pierina Cardoza Tello era una niña de 9 años, abusada por la madre y también por su abuela, Bertha Chanduví . Según el testimonio de sus profesores, la niña no sabía siquiera leer ya que faltaba mucho a la escuela e iba a clases sin uniforme escolar. El informe obligatorio que acompaña su expediente judicial en Piura es realmente alarmante pues indica que se encontraba anémica, con un peso y una talla inferiores a lo normal, desaseada y piojosa. El testimonio de vecinos y del ex padrastro revela que su abuela materna la golpeaba y la hacia dormir encima de cartones en un baño y que la obligaba a servirla y a realizar tareas domésticas en lugar de preocuparse por su educación. Un sistema judicial indolente y corrupto le había otorgado la custodia o tenencia de Pierina a la abuela materna, como consecuencia de los maltratos que la menor sufría en manos de su madre, sin consultar la opinión del padre, Alfonso Cardoza quien también tenía la patria potestad de la menor. Cuando este apeló a la sentencia injusta exigiendo la tenencia de su hija, el juez de familias negó su petición tachándola de ´´improcedente´´ ignorando así los resultados de la evaluación médica que revelaban que la niña se encontraba descuidada y enferma. El padre se queja que se basaron únicamente en razones de solvencia económica. Sin embargo no investigaron a la abuela quien según investigación del diario El Comercio había sido sentenciada por robo, abigeato, hurto y condenada por estafa en mayo del 2002.

Ante la indolencia y lentitud del sistema judicial, Alfonso Cardoza, llega al extremo de pagar  S/. 500 a la malvada abuela para recuperar a su hija y la llevarla a vivir con él. Sin embargo al cabo de poco tiempo, Bertha Chanduví saca a Pierina del colegio y la envía a Lima a vivir bajo el techo de su principal agresora y de los nuevos hermanastros y padrastro. Lejos de la protección de su padre, la única persona que realmente la quería, las cartas estaban echadas para el destino de esta niña.

Las preguntas que nos hacemos ante este trágico desenlace son muchas. En primer lugar: ¿Después del proceso en el cual el juez recibe las pruebas y reconoce el maltrato brutal de la menor por parte de la madre, por qué razón el juez le otorga la custodia a la abuela materna, sin antes averiguar sus antecedentes penales, evaluarla sicológicamente y averiguar en qué condiciones realmente vive?; ¿El interés del padre en su hija y su deseo de darle un hogar y de satisfacer sus necesidades no vale nada o es que acaso el único criterio que cuenta es el dinero que hay por medio?; ¿Nuestra sociedad estará arrastrando el prejuicio feminista de favorecer a la mujer para criar a los hijos, inclusive a una abuela abusiva frente al derecho que tiene todo varón, así se trate de un padre soltero de criar también a sus hijos?; ¿Por qué razón cuando un adulto rompe la ley enviando a un niño a casa de una persona que no tiene legalmente la tenencia, pues existe una sentencia en contra de por medio (como era el caso de  Pierina) no existe la posibilidad de mediante una simple denuncia telefónica enviar a la policía a recoger al niño y llevarlo de vuelta con el padre que sí tiene la tenencia o al INABIF hasta que se esclarezca la situación del menor, sobre todo si esta ha sido maltratado?

¿Tienen que suceder estas barbaridades para que la sociedad exija cada vez con una voz más fuerte un castigo más fuerte y ejemplar en contra de quienes corrompen y quienes se dejan corromper? ; Queda pendiente una investigación para averiguar si la abuela de Pierina en complicidad con la madre sobornó a los jueces y también para averiguar si estos se dejaron sobornar por ambas mujeres, pero mientras tanto la Sra. Chanduví  sigue libre, como si no tuviera ninguna responsabilidad en este horrendo desenlace y planeando mudarse a Lima para huir del dedo acusador de toda la ciudad de Chiclayo.

En democracias y sociedades más avanzadas que la nuestra hay canales de comunicación eficaces y mecanismos entre la policía, los organismos de protección de la niñez, como el INABIF  y el sistema judicial que funcionan sin coimas, ni tropiezos. En nuestro país es muy largo el camino que los pobres deben recorrer para recibir justicia, como si fuera una dádiva. Hay niños como Pierina a la merced de sicópatas y violadores que en demasiados casos son los mismos familiares. Ojalá la inmolación de Pierina sirva como primera piedra de una transformación estructural en el sistema judicial y en la defensa de los derechos del niño.

Escribe: Rocío Valencia H.

5-12-2011

¿El Estado es culpable de los tres niños muertos en Cachachi?

Ministra Aida Garcia Naranjo

¿Y en realidad qué ganamos buscando culpables? La desgracia ocurrida en Cachachi, Cajamarca esta semana no solo es una tragedia para los padres de los tres niños fallecidos. Es también una desgracia para el comité escolar de madres de familia del PRONAA, para el MIMDES y para el Estado. Salvo prueba contraria, no vamos a creer que alguien se alegra con esta noticia o que ha sido un crimen perpetrado con dolo y alevosía. Esta desgracia y la forma como se viene manejando por los medios de comunicación es una prueba de lo equivocados que están quienes desde un periódico o un canal de televisión pretenden utilizar la noticia con fines sicológicos y políticos.

Existen dos hipótesis. La primera es la expuesta por la Sra. Aida García Naranjo, vocera del gobierno y del MIMDES. Ella explica que existen serios indicios que la intoxicación provino no de los alimentos distribuidos por el PRONAA hasta el día 25 de agosto, sino de la preparación posterior de los mismos por un comité de madres de familia en un balde que contenía sustancias fosoforadas. Los análisis de laboratorio darán el veredicto final acerca de esta teoría muy pronto. La otra hipótesis es la de culpar a las autoridades por ser poco vigilantes ya que de una manera u de otra el PRONAA es el responsable no sólo de la distribución sino de la preparación de los alimentos por los comités escolares de madres. Ya se habla inclusive de interpelar a la Ministra de la Mujer, Aída Naranjo es decir de personalizar el incidente para encontrar a un responsables político y poder castigarlo.

Y es que vivimos en el país de las acusaciones, las quejas y los castigos cuando sería mucho más sencillo proponer soluciones, políticas preventivas y políticas curativas. Ya se cortó la cabeza del Director del PRONAA, Dante Mendoza, para acallar las críticas contra el MIMDES y por haber tenido la ´´mala idea´´ de darle S/.300 en efectivo a los padres de los tres niños fallecidos que con lágrimas en los ojos le pidieron ayuda pecuniaria para enterrar a sus hijos durante su visita a Cachahci. Algunos medios lo acusaban maliciosamente de haber intentado ´´sobornar´´ a los padres de familia. ¿Entonces el sentir compasión y darle al que pide como un acto privado se ha convertido en un peligro para cualquier funcionario? A nadie se le ha ocurrido que lo que hay que replantearse es la metodología en la distribución de los alimentos y la filosofía que anima a la mayor parte de los programas sociales. Si los alimentos que van a ser donados han pasado los controles de calidad entonces por qué no son distribuidos directamente a los padres de familia para que estos como ciudadanos responsables los preparen dentro de su hogar o dentro de sus comunidad familiar? Sería más democrático e ´´inclusivo´´ dejar  que las familias asuman esta responsabilidad. El Estado debe asumir su responsabilidad, pero ojo, los ciudadanos que reciben la ayuda también, ¿o es que acaso una mentalidad equivocada nos impide otorgarle a nuestros campesinos la calidad de ciudadanos responsables y mayores de edad?

Rocío Valencia H.

Lima, 27 de setiembre del 2011